SI NO CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA, PODRÍAN SER SUJETOS A SANCIONES
ADMINISTRATIVAS O PENALES: DIP. JOSÉ ANTONIO ZAPATA
El Congreso del Estado se encuentra preparado para recibir a más tardar
el próximo 15 de marzo, las cuentas públicas correspondientes al
ejercicio fiscal 2019, de los 114 entes auditables que están obligados a
presentarlas en tiempo y forma a fin de fiscalizar la correcta aplicación
de recursos públicos, informó el presidente de la Comisión de Vigilancia
de la LXII Legislatura, diputado José Antonio Zapata Meraz.
Expuso que existe la garantía de que el proceso de fiscalización de las
cuentas públicas se desarrollará sin ningún tinte político, la población
debe tener la seguridad de que las y los diputados, así como la Auditoria
Superior del Estado, tienen el compromiso de verificar la correcta
aplicación de recursos públicos.
De acuerdo a las disposiciones del Código Penal, los funcionarios que no
cumplan con esta obligación (entrega de la Cuenta Pública), podrían ser
sujetos a una sanción de tipo penal, independientemente de otras
sanciones de tipo administrativo.
Por lo anterior, dijo “Estamos en espera para cumplir con la recepción
de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2019 de los 114 entes que tienen
la obligación de presentarla a más tardar el próximo 15 de marzo al
Congreso del Estado y con esa recepción inicia prácticamente el proceso
para la fiscalización de las cuentas públicas”.
Dijo que como Congreso del Estado “tendremos que procesar las
cuentas públicas en la Comisión de Vigilancia y posteriormente enviarlas
al pleno del Poder Legislativo. posteriormente serán entregadas a la
Auditoria Superior del Estado (ASE) la cual evidentemente tendrá que
hacer esta labor de escrutinio e información pues se tendrá que revisar
lo programado por la propia Auditoria Superior del Estado, como parte
de su programa anual de auditorías 2020”.
El legislador José Antonio Zapata Meraz, también se refirió a los trabajos
de las Cuentas Públicas del Ejercicio Fiscal 2018, estas se encuentran en
proceso de valoración de las evidencias que los entes públicos hicieron
llegar después del proceso de observaciones.
