LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD ESTÁN EN COMPLETO RIESGO ANTE SITUACIONES COMO LA QUE ACTUALMENTE ESTÁ VIVIENDO EL PAÍS POR EL COVID-19.

Después de que el Senado de la República aprobara la Ley Amnistía, la
diputada Marite Hernández Correa manifestó que dicha ley tiene un
calado hondo en nuestro país, pues existe una situación de
discriminación profunda, racismo e injusticia que ha padecido mucha
gente durante décadas.
Consideró que es un asunto de justicia social, pues es viable por justicia
y necesario ante la emergencia sanitaria, pues son las cárceles los
lugares en donde las personas privadas de su libertad están en completo
riesgo ante situaciones como la que actualmente está viviendo el país
por el COVID-19.
Hernández Correa expresó que esta Ley es perdonar y extinguir las
sanciones expuestas a personas en los casos que se señala en esta ley
de amnistía, robos simples, interrupción del embarazo, posesiones
menores de drogas, participaciones forzadas en narcotráfico, protestas
sociales o violaciones al debido proceso en materia de pueblos
indígenas, cuando la persona pertenezca a un pueblo indígena y este no
haya tenido algún traductor o ha sido violentado en el debido proceso.
“Es un acto de justicia social, si bien es cierto que con esta situación de
pandemia o de emergencia sanitaria que tenemos la situación de
cárceles es muy delicada porque al final de cuentas tenemos una
sociedad que excluye y que discrimina.”
Enfatizó que puede haber críticas en el sentido de la aprobación de la
Ley, sin embargo, no se debe olvidar que es un acto de justicia social,
humanitario pues se viven tiempos complejos y las personas que viven
recluidas la pasan de una manera muy complicada.
Finalmente manifestó que hay personas que no debieran estar en la
cárcel por su situación vulnerable, como pertenecer a un pueblo
indígena, por lo que hay que revisar los mecanismos que se tienen que
implementar en San Luis Potosí para poder llevar una legislación acorde
a la federal.