La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de San Luis Potosí forma parte de la estructura de la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado.
La Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica de San Luis Potosí (UIPE), fortalece la
capacidad del Estado para atender dos demandas ciudadanas prioritarias: combatir a la
delincuencia y acabar con la corrupción. Así lo señaló Daniel Pedroza Gaitán Secretario de
Finanzas de Gobierno del Estado.
En el marco de la firma del Convenio de Colaboración para el Intercambio de Información
entre el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la Unidad de Inteligencia Financiera de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Pedroza Gaitán precisó que en el mes de agosto
se conformó la UIPE en San Luis Potosí y quedó integrada en la estructura de la Secretaría
de Finanzas.
Dicho convenio fortalecerá al estado al contribuir en la vigilancia y protección de la
economía local contra el lavado de dinero mediante la detección de operaciones y
actividades económicas que pudieran favorecer cometer delitos de operaciones con
recursos de procedencia ilícita, por medio de la recepción y análisis de información fiscal,
patrimonial, económica, administrativa, o cualquier otra en cumplimiento de la Ley, y que
sea relevante para su análisis mediante procesos de inteligencia de operaciones
sospechosas en el Estado. Al igual que recabar información de las instituciones que
integran al sistema financiero para apoyar en la prevención y combate de este delito,
evitando que los eventuales recursos de procedencia ilícita se integren al sistema
económico estatal y nacional.
El titular de la SEFIN, señaló que este convenio sienta las bases y mecanismos de
cooperación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y el Gobierno del Estado para
garantizar el óptimo, oportuno y eficaz intercambio de información y documentación para
prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que favorezcan, ayuden, auxilien o
cooperen con el objeto de cometer delitos con recursos de procedencia ilícita, así como
hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores públicos y/o por
particulares, o por personas políticamente expuestas de las Instituciones del Poder
Ejecutivo del Estado.
Por otra parte, se establecen los mecanismos de apoyo y colaboración para el
cumplimiento de las atribuciones de Gobierno del Estado en materia de fiscalización y
verificación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.
Pedroza Gaitán destacó el acuerdo para el acceso a las bases de datos, expedientes y
registros con las que cuente Gobierno del Estado y para verificar los datos de padrones y
registro de contribuyentes. Comprobar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, o
detectar conductas que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de
cualquier especie para cometer delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita,
financiamiento al terrorismo y los relacionados con éstos.
Por último, precisó que se tendrá acceso a revisar los registros de personas físicas y
morales sobre su localización o reubicación; registros de servicios contratados,
información sobre el padrón vehicular o en relación con los testimonios inscritos en el
Instituto Registral y Catastral del Estado. Información de proveedores y prestadores de
servicios contratados por Gobierno del Estado, y de aquellos contribuyentes inscritos en el
padrón de proveedores de la Administración Pública del Estado, y las personas físicas o
morales con obligaciones fiscales de los Impuestos Sobre Nóminas, Sobre Hospedaje,
Predial, derechos vehiculares y cualquier otro que se pudiera obtener.
