La omisión en la entrega de documentos prevé multas entre 40 y 80 mil pesos.
El Gobierno Abierto busca que en cada cambio de gobierno, no exista una afectación directa a la ciudadanía, como obras inconclusas o en la entrega de programas sociales.
Ante los próximos cambios en las 58 alcaldías y con el propósito de dar continuidad a los
procesos gubernamentales, la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional
de los Municipios (CEFIM), organizó el Foro virtual “Gobierno Abierto en la administración
pública municipal, gestión de archivos”, donde participó la Comisión Estatal de Garantía
de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) y la Contraloría General del Estado.
El Foro contó con las ponencias de la presidenta comisionada de la CEGAIP, Paulina
Sánchez Pérez, la comisionada de la CEGAIP, María José González Zarzosa, el encargado
del Sistema Estatal de Documentación y Archivo de la CEGAIP, Gabriel Francisco Cortés
López, y el director de Apertura Gubernamental de la Contraloría General del Estado,
Miguel Ángel Llanas Texón.
La presidenta Comisionada de la CEGAIP, explicó que existe un gran avance en San Luis
Potosí, “ya contamos con una Ley Estatal de Archivos que se emitió el 19 de junio de 2020;
todos los archivos son patrimonio documental del estado, no podemos concebir una
institución o un municipio sin los archivos, que beben ser del dominio público y es un
derecho ciudadano. Para la administración pública municipal, debe ser prioridad
documentar todo acto administrativo, y aquí entra el proceso de entrega – recepción que
tendremos el próximo año”.
Agregó que se deben generar todos los mecanismos para que en septiembre del 2021, se
pueda realizar un trabajo de entrega–recepción, ya que suele pasar que cada
administración inicia de cero, porque no se deja la historia de esos tres años y quienes
resultan más afectados son las y los ciudadanos.
Explicó que ya existen multas, sanciones administrativas e incluso denuncias penales para
aquellos servidores públicos que no cumplan con la Ley Estatal de Archivos, que prevé
procedimientos de responsabilidad, denuncias por la administración entrante e incluso, la
omisión en la entrega de documentos al separarse de su cargo por parte de un servidor
público, puede ser sancionado con multas que oscilan entre los 40 y 80 mil pesos.
El director de Apertura Gubernamental de la Contraloría General del Estado, Miguel Ángel
Llanas Texón, explicó que “debemos hacer accesibles los servicios y la información que se
genera en el gobierno, todos los municipios deben contar con una página web, y estar
presente en las redes sociales, para que la ciudadanía participe; la creación de municipios
2.0, donde las y los ciudadanos puedan involucrarse en las funciones del municipio y en
sus decisiones, el acceso a internet debe ser un derecho; actualmente solo 320 municipios
cuentan con una disposición de archivos en el país, de los más de 2 mil 400 municipios que
existen”.
El encargado del Sistema Estatal de Documentación y Archivo de la CEGAIP, Gabriel
Francisco Cortés López, aseguró que la valoración documental no debe estar en manos de
supuestos, todo documento debe ser cuidado al ser histórico por lo que no se debe
hacerse una valoración a un criterio y siempre debe de existir un análisis para su
conservación, lo cual está previsto en la Ley de Archivos Estatal y Federal.
Cortés López, mencionó que ante esta pandemia el archivista debe ser creativo, se debe
desarrollar un programa de archivo, un tema que no se arregla en un par de años, y a esto
se suma una limitación de recursos humanos, se deben trabajar con todos los elementos
para crear un Sistema Institucional de Archivos (SIA), que documente todos los procesos
administrativos.
