 Ciudad del Maíz, Ébano, Tampacán, Vanegas, Armadillo de los Infante, San Luis
Potosí, Ciudad Valles, Tamazunchale, Santa María del Río y Soledad de Graciano
Sánchez enfrentan laudos laborales por arriba de los 6 mdp.
 CEFIM realizó foro virtual “Laudos Laborales en el municipio” con una audiencia
de más de cien funcionarios.
 Se destacó que el despido injustificado de trabajadores en cada cambio de
trienio da como resultado el pago de cantidades estratosféricas derivado de las
sentencias por laudos laborales.

El 100 por ciento de los Ayuntamientos del Estado enfrentan problemas por laudos
laborales, por lo que este miércoles, la Coordinación Estatal para Fortalecimiento
Institucional de los Municipios (CEFIM), organizó el Foro virtual “Laudos Laborales”, con la
participación de la Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Rosa
de Guadalupe Cervantes Gamboa; el Maestro y Catedrático de la Universidad Autónoma
de San Luis Potosí, Domingo Auces Villapando y por parte del área de Asuntos Jurídicos de
la Auditoría Superior del Estado (ASE), Ismael Santana Escalante, informó Luis Gerardo
Aldaco Ortega, titular de la dependencia.
El Coordinador Estatal de CEFIM, Luis Gerardo Aldaco, dijo que “los laudos laborales son
una carga presupuestal para las administraciones, esto representa un golpe al erario
público, algunos heredados, sin embargo gracias a una reforma ya no pueden pasar al
siguiente Ayuntamiento; por lo que en el regreso a la ‘nueva normalidad’ buscaremos
realizar jornadas para las áreas administrativas que manejan el tema; en la medida que
entendamos que la institución no es una agencia de colocación, y operemos un Servicio
Civil de Carrera tendremos como resultado administraciones más fuertes”.
La Presidenta del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), Rosa de Guadalupe
Cervantes Gamboa, aseguró que “es un tema sensible, son muy recurrentes las quejas por
la ejecución de los laudos, el artículo 51 establece que los municipios deben cumplir, sin
embargo, las instituciones no lo acatan y debemos aplicar la ejecución forzosa, esto es una
contradicción porque los Ayuntamientos deben resguardar el estado de derecho, pero es
absurdo que sea el Municipio el que se niegue a hacer valer ese derecho, por lo que
tenemos que ejecutarlo de forma coercitiva, luego, cuando ejecutamos una sentencia lo
toman como una cuestión personal, y se genera un enfrentamiento a título personal.”
Enfatizó que, “viene un cambio de administración y aumentan las demandas, en
estadísticas de 2009 al 2020; el Municipio de San Luis Potosí enfrenta 1 mil 219 demandas,
esto significa que son las demandas presentadas de un trabajador o de un colectivo que

vieron vulnerados sus derechos laborales, sin embargo, es un problema que se agudiza en
cada cambio de trienio en todos los municipios”.
“Es necesario que todas las instituciones podamos unir esfuerzos para realizar jornadas de
capacitación para dar seguimiento puntual de las prerrogativas que les otorga la Ley, es
terrible que cada cambio de administración se tenga que dar la separación masiva de
funcionarios, lo hacen de forma desordenada, violando la Ley y sin salvaguardar los
derechos de los trabajadores, además no se toman medidas para establecer una sanción
para los servidores que generan estos laudos con cantidades estratosféricas, que no
ayudan; así en la medida que se pueda cumplimentar la Ley de Servidores Públicos,
hablaríamos de mayor orden”, destacó Cervantes Gamboa.
Además, indicó que el ente demandado debe acreditar que el recurso proviene de la
federación para evitar que sean embargables.
En su intervención, el Maestro Domingo Auces Villalpando, planteó que los municipios
tendrían que buscar fuentes de ingreso para cubrir el presupuesto garantizado para
laudos laborales y no afectar las finanzas.
“El Artículo 126 de la Constitución que se refiere a la creación de los presupuestos en el
gasto y el ejercicio público, no se puede gastar más allá de lo que no se tiene y no se ha
presupuestado, y ahora la Corte te pide que crees tú presupuesto y tu concepto
indemnizatorio, por lo que vemos, no es un problema de dinero sino de
constitucionalidad, todos deben cumplir con el mandato constitucional, tanto el
Ayuntamiento, el Congreso, y la autoridad ejecutora” indicó.
También el Auditor de Asuntos Jurídicos de la ASE, Ismael Santana Escalante, detalló que
“es un problema muy amplio, multifactorial, porque la ejecución de un laudo es una de
esas obligaciones que son compartidas, donde el Cabildo alcanza responsabilidad en caso
de no cumplir con la obligación, y para contrarrestar, se debe dejar constancia de las
acciones implementadas ya sea para el cumplimiento o bien dejar las bases para realizar el
pago gradual, lo que está prohibido es heredar a la siguiente admiración, esto nos lleva a
la inhabilitación y multas que remiten al artículo 40 de la Ley de Responsabilidades de
Servidores Públicos del Estado”.
Finalmente, agregó que “en la medida que se dejen instrumentos coordinados para
resolver este problema es que se podrá alcanzar una forma eficaz de solución, de lo
contrario no se avizora a pronto plazo, pero es importante que cada uno de nosotros
contribuya para que se cumpla la Ley”.