Se propone darle facultades al Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda emita opiniones sobre el impacto ambiental de las acciones de ordenamiento y desarrollo

La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable analiza una iniciativa de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de San Luis Potosí, con el propósito de proponer que el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, órgano de consulta creado por la Ley de Ordenamiento Territorial, tenga entre sus atribuciones opinar acerca del impacto ambiental de las acciones de ordenamiento y desarrollo verificadas en su municipio.

Indica que en la Ley se crean diferentes órganos de consulta, como es el Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que debe incluir a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, y el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Vivienda, que se trata de un órgano consultivo en materia de ordenamiento territorial de los asentamientos humanos, y de desarrollo urbano de los centros de población y vivienda en los municipios.

Sin embargo, cabe resaltar que este organismo, no tiene entre sus atribuciones consultivas ninguna relacionada al aspecto ambiental, a pesar de que el análisis y opinión de las políticas de ordenamiento territorial, sin duda tiene que contemplar el impacto al medio ambiente, sobre todo en concentraciones urbanas donde la calidad del aire, agua y suelo puede verse comprometida.

Por ello es que se propone que las actividades de consulta, participación ciudadana, investigación y evaluación que lleva a cabo el Consejo, deben incluir también lo relacionado a la ecología.

Otra de las iniciativas en análisis, es una reforma a diversos artículos de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro y del Código Civil del Estado, en relación a la inscripción de los actos o hechos jurídicos ante el propio Registro Público de la Propiedad para beneficio para los ciudadanos.

Se busca establecer mecanismos para proteger las compraventas de bienes inmuebles, para los efectos de generar una certeza jurídica a terceros, con el objetivo de hacer válida tanto la traslación del dominio, como la constitución del derecho real de la propiedad.

En la reunión, se indicó que para el dictamen de ambas iniciativas, se solicitarán opiniones de las autoridades involucradas para fortalecer el expediente y avanzar en el análisis de las mismas.