La institución está siendo auditada ante las graves irregularidades administrativas y de funcionamiento que se han detectado, informó el director René Contreras Flores.

Se detectaron 111 empleados y empleadas que sólo se dedicaban a atender a un grupo de 10 pacientes itinerantes, trabajadores que no se presentaban a laborar y basificaciones “fast-track”.

Una auditoría interna se realiza al Instituto de Prevención y Rehabilitación Temazcalli, organismo descentralizado del Gobierno del Estado, ante las graves anomalías que se han detectado tanto en su administración como en su funcionamiento, resultado de la herencia maldita del gobierno anterior.

Una de las irregularidades encontradas es el exceso de personal designado para atender a sólo 10 pacientes itinerantes.

René Contreras Flores, director del Instituto, dio a conocer que hay 111 empleados y empleadas en condición de base laboral que atienden a un grupo pequeño de 10 personas que acuden a tratamiento de las 8:00 a las 16:00 horas, y que costaron a la administración estatal más de 8 millones de pesos tan sólo por concepto de pago de aguinaldos durante el presente mes de diciembre.

El director denunció la serie de irregularidades que se ha constatado en la dependencia, las cuales ya son del conocimiento del Gobernador potosino Ricardo Gallardo Cardona, quien ha dado instrucciones para que se investigue y proceda hasta sus últimas consecuencias de encontrarse responsabilidad de alguno de los ex funcionarios del centro de prevención y rehabilitación de adicciones. La auditoría se realiza a la Dirección Administrativa del Instituto Temazcalli.

Entre la serie de anomalías encontradas, además de la nómina exagerada y abultada de 111 trabajadoras y trabajadores, se descubrieron nombres de personas que cobraban sin presentarse a laboral, los clásicos “aviadores” que han sido detectados en la gran mayoría de las Secretarías y direcciones estatales, una práctica muy común de la pasada administración gubernamental, asentó el funcionario.

Contreras Flores también reveló una serie de basificaciones de personal “fast-track”, es decir personas que eran contratadas por honorarios a las cuales al día siguiente se les otorgaba la planta laboral y otros que pasaron de empleados por contrato a ser de base, con incrementos de casi el doble de su sueldo, pues de ganar 26 mil pesos al mes se les aumentó a 48 mil, todo ello durante el último año del gobierno carrerista.